El ajuste presupuestario dispuesto por el Gobierno nacional sobre las fuerzas federales abrió un debate que excede ampliamente la discusión contable. En el norte argentino, donde el narcotráfico dejó hace tiempo de ser un fenómeno lejano para transformarse en una amenaza concreta y cotidiana, la reducción de recursos destinados a Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria genera inquietud política, institucional y social. La pregunta es inevitable: ¿puede el Estado sostener una política eficaz contra el crimen organizado mientras reduce fondos en áreas estratégicas de control e inteligencia?
El caso de Gendarmería es el que concentra la mayor preocupación. La fuerza sufrirá un recorte de $1.800 millones sobre un presupuesto originalmente estimado en más de $17.000 millones. Aunque desde la Nación aclararon que se trata de una “optimización de recursos” y aseguraron que no se resentirán los operativos contra el narcotráfico, el contexto obliga a mirar más allá de los números formales. Porque el impacto real del ajuste no puede medirse únicamente en pesos nominales: la inflación, la depreciación y el costo dolarizado del equipamiento operativo terminan ampliando significativamente el alcance de la reducción.
El debate se vuelve todavía más sensible si se observan las estadísticas recientes. Los secuestros de cocaína en el NOA cayeron un 36% durante el primer cuatrimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior. Y aunque especialistas advierten que menos decomisos no necesariamente significan menos circulación de droga, sí pueden reflejar cambios en las rutas narco o una menor capacidad de control estatal. Los últimos procedimientos confirmaron además que gran parte de la droga decomisada aparece lejos de las fronteras, lo que evidencia que las organizaciones criminales logran atravesar controles y expandir sus redes hacia el interior del país.
En ese escenario, la postura del concejal José María Canelada cobra especial relevancia. El ex legislador, impulsor de la Ley de Narcomenudeo en Tucumán, advirtió que el problema no es administrativo sino estratégico. Su planteo parte de una lógica difícil de refutar: cuando el Estado pierde capacidad de vigilancia y control, las organizaciones criminales ganan espacio para crecer. Y recuperar luego ese terreno perdido demanda mucho más tiempo, recursos y costos sociales.
Canelada puso el foco en un aspecto central: la conexión entre la frontera y el narcomenudeo. Menos controles en rutas, pasos fronterizos e investigaciones complejas terminan repercutiendo directamente en la cantidad de droga que llega a las ciudades y barrios. Su advertencia sobre el NOA como región “extremadamente sensible” desde el punto de vista geopolítico no parece exagerada. La cercanía con corredores internacionales de tráfico, las rutas clandestinas y las limitaciones tecnológicas convierten al norte argentino en una zona especialmente vulnerable.
En medio de esta discusión, la reunión que mantendrán la semana próxima la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y los gobernadores del NOA aparece como una instancia clave. El encuentro puede convertirse en una simple exposición de diagnósticos o, por el contrario, en el punto de partida para una estrategia regional coordinada. La posibilidad de avanzar en sistemas de radarización conjunta, fortalecer el intercambio de inteligencia y unificar operativos como el Lapacho abre una ventana de oportunidad que las provincias no deberían desaprovechar.
La lucha contra el narcotráfico requiere mucho más que discursos de endurecimiento. Exige inversión sostenida, coordinación política y capacidad operativa permanente. El desafío para la Nación será demostrar que el ajuste fiscal no implicará una retirada del Estado en uno de los territorios más sensibles del país. Porque cuando la presencia estatal retrocede, el crimen organizado suele avanzar con rapidez.